La Política Agraria y los Acuerdos de Paz
La Política Agraria constituye una de las 11 políticas sectoriales definidas en el plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) en el marco de la conceptualización de desarrollo rural: inversiones privadas en territorios rurales e impulso de la economía campesina. La política tiene como sujeto priorizado la economía campesina y, por tanto, a la población en condición de pobreza, pobreza extrema y con altos índices de desnutrición. La mayoría es población rural e indígena (conformada por pueblos indígenas, población campesina, población ladina, mujeres y hombres). En la misma orientación que la PNDRI, esta política busca contribuir a que los campesinos en condiciones de infrasubsistencia y subsistencia pasen a ser sosteniblemente excedentarios, de tal manera que se incorporen a los mercados y sea viable la preservación de la cultura propia del modo de vida campesino e indígena y, en general, alcanzar el buen vivir de la población que habita en territorios rurales.
En el proceso de formulación de la Política Agraria se contó con el aporte de los distintos sectores vinculados a la temática agraria, provenientes de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, académicas, empresariales y cooperativistas, quienes participaron en los talleres y consultas realizadas con información y propuestas de contenido. Los alcances de este proceso fueron presentados al Gabinete de Desarrollo Rural Integral —presidido por el Presidente Constitucional de la República—, del cual se obtuvo la aprobación de su contenido. En ese sentido, la Política Agraria se considera un instrumento que orienta a la institucionalidad pública agraria con una perspectiva de integralidad para la atención de la problemática agraria, la cual se visualiza y armoniza con el “Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032”.
Principios de la Política Agraria
• Dignidad humana Reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos humanos iguales e inalienables de todos los individuos.
• No discriminación Se reconoce la igualdad que debe existir entre los individuos. Nadie debe ser objeto de discriminación por motivos de género, origen étnico, idioma, religión, situación económica, o cualquier otro motivo que impidiere o dificultare a una persona o grupo de personas, el ejercicio de derechos garantizados en el ordenamiento jurídico vigente.
• Consulta y participación Garantizar la participación activa, libre, efectiva, significativa e informada de individuos y grupos en los correspondientes procesos de toma de decisiones en consonancia con los convenios internacionales.
• Integralidad y sostenibilidad El desarrollo humano integral en el área rural se alcanza mediante un proceso multidimensional y multisectorial, en el que se vinculan los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, los cuales deben ser sostenibles en su implementación.
• Equidad de género La equidad de género es un elemento fundamental para la construcción del desarrollo humano. Implica contrarrestar toda forma de exclusión y discriminación hacia la mujer —principalmente en el área rural— a través de la creación de oportunidades y garantía de sus derechos. Incluye el acceso a los medios de producción, su participación en el proceso de planificación y ejecución de políticas públicas.
• Transparencia Garantizar la amplia difusión de información de procedimientos operativos y administrativos a la población en general.
• Rendición de cuentas Se reconoce la responsabilidad por sus acciones y decisiones de los individuos, los organismos públicos y los actores no estatales, de acuerdo con los principios del estado de derecho. La rendición de cuentas implica informar a la población sobre los actos y la utilización de los recursos públicos.
• Multiculturalidad e interculturalidad Se reconoce y respeta la multiculturalidad y se promueve la interculturalidad para lograr el pleno respeto a los derechos de los pueblos que conforman la nación guatemalteca, en un marco de equidad, armonía y solidaridad, favoreciendo la convivencia basada en el respeto a la diversidad cultural que fortalezca la unidad de la nación y del Estado.
• Justicia social Deben generarse las condiciones y, sobre todo, velar para que la población del área rural goce de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
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